Foto: Pixabay.com
El 15 de diciembre del 2020 la Comisión Europea dio a conocer sus propuestas en cuanto al Reglamento de Servicios Digitales o Digital Service Act (DSA). A principios de este año el Consejo y el Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo. Se establecieron nuevas reglas para tratar el tema referente a la eliminación de contenido ilegal y velar por los derechos del entorno digital.
La Ley de Servicios Digitales pretende, junto con la Ley de Mercados Digitales (DMA), lograr que los usuarios europeos tengan servicios seguros y abiertos. También, que las distintas compañías prestadoras de servicios digitales y plataformas en línea tengan reglas justas. El camino ya ha sido pautado y las empresas están obligadas a adherirse.
La DSA busca simplificar la eliminación de contenidos ilícitos. Éstos son aquellos que se consideran peligrosos, que incitan al terrorismo, noticia falsas o pornografía infantil, entre otros. El acuerdo logrado entre los colegisladores está sujeto a la aprobación final de ambos. Entrará en vigencia después de ser publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Foto: Pixabay.com
La DSA se podrá poner en práctica 15 meses después de su aprobación o a partir del 01 de enero del 2024. Sin embargo, para los servicios de gran tamaño, es decir, aquellos con más de 45 millones de usuarios activos por mes, la ley se aplicará cuatro meses después de su aprobación. Nada de esto impide que desde ya se vayan ajustando a la normativa.
La propuesta de ley es clara. Entre sus principales reformas resalta la responsabilidad de las plataformas (incluyendo las redes sociales y mercados digitales) en eliminar de forma rápida y sin demora los productos, servicios y contenidos de carácter ilícito. El parlamento se refiere a que las notificaciones y acciones de esta índole deben ser “accesibles, exhaustivas y fáciles de manejar”.
La norma vela por el derecho de los usuarios. Ésta habilita un mecanismo que permite a los usuarios defender sus derechos, en caso de una retirada de contenido injustificado. Además, la DSA mantiene los dos principios que eximen a las plataformas de ser responsables por los contenidos ilícitos que se publiquen o el deber de impedirlo.
Foto: Pixabay.com
Dentro de la propuesta también se halla el deber de los prestadores de servicios digitales de maximizar la transparencia con los consumidores. Tienen que informar a los usuarios sobre las políticas y las medidas que emplean en la moderación de contenido, incluso permitir el acceso a los algoritmos.
Otros deberes contemplados en la DSA son: establecer un solo punto de contacto, reforzar la protección de menores de edad, asignar un representante legal en caso de que se presten servicios a usuarios europeos fuera del territorio de la Unión Europea, dar a conocer las solicitudes o denuncias para retirar contenidos ilícitos (ya sea de terceros o de la plataforma).
Referente a la publicidad, se prohíbe el uso de “publicidad con patrones oscuros” que pueda condicionar a los usuarios a realizar una acción. En cuanto al sistema de control y posibles sanciones, la comisión propuso crear en cada estado miembro de la Unión Europea un coordinador de Servicios Digitales. Esta autoridad tendrá el deber de velar por el cumplimiento del reglamento e imponer sanciones en caso de ser necesario. Las sanciones podrían ser del 6 % de los ingresos anuales del prestador de servicios digitales.
